POLÍTICAS ESPECÍFICAS

Dos femicidios en una semana en manos de ex funcionarios policiales

En una semana hubo dos casos de femicidios en manos de policías retirados. En los últimos 20 años, los datos recopilados por el Cels declaran 500 mujeres muertas, torturadas o heridas por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad. La mayoría de los hechos fueron realizados por hombres ya retirados de su cargo. Desde el Cels advierten la necesidad de “implementar políticas específicas que reviertan este problema”.
 Dos femicidios en una semana en manos de ex funcionarios policiales
18/06/2017

 

Los dos asesinatos a mujeres sucedidos en junio en distintas zonas del conurbano Sur, Glew e Ingeniero Budge, fueron realizados con las armas reglamentarias de los  funcionarios de las Fuerzas de Seguridad. Al respecto, las voces del Cels explicaron que “muchas veces debido a la presencia de un arma de fuego portada por el funcionario fuera de su horario laboral sumada a normas y costumbres que hacen a la relación de los policías con el arma y en general con la violencia”, constituyen en “la situación más significativa de vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional”.

En Glew, el 8 de junio, el agente Edgar Yedro Ocampo, de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (Doucad), disparó al pecho de Lorena Albarracin, luego de una discusión con el hijo de ella. Apenas tres días más tarde en Ingeniero Budge, el cabo de la Comisaría 38° Patricio Quierolo le disparó en la cabeza a su ex pareja, Ana Romero.

Las estadísticas antes mencionadas delatan que los hechos no son aislados y que “manifiestan diversos problemas estructurales que atraviesan a las Fuerzas de Seguridad en la Argentina”, denunciaron desde el Cels.

Aunque existe la Ley 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública en la Ciudad de Buenos Aires que “promueve la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias dentro de la Policía de la Ciudad, sean éstas basadas en la superioridad de género, orientación sexual o identidad de género” y un  Protocolo de Actuación sobre violencia familiar, el que determina que “cuando un funcionario se encuentra imputado en un hecho de este tipo la Unidad Control de Desempeño Profesional es responsable de iniciar las actuaciones administrativas correspondientes”. El Centro de Estudios Legales manifestó que es importante que “se ponga en discusión el uso de la fuerza y la letalidad policial fuera de servicio”.

“Este debate debe ser parte del gobierno de las policías. Para ello es necesario que las autoridades políticas reconozcan que el uso de armas de fuego en estos contextos no es un problema privado de los policías, sino que debe ser abordado institucionalmente, por acciones que no sean meramente declarativas”, agregaron.

 

 

Autor : Redacción El Ojo Noticias
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